¿Qué es la Política Criminal?

La política criminal no se limita únicamente a los hechos que han sido calificados como delitos, y por los cuales se ha impuesto alguna sanción o castigo; esta implica, a su vez, una serie de respuestas gubernamentales y no gubernamentales en contra de la criminalidad, y con la intención de mitigar en mayor grado la delincuencia. Por ello, y bajo el mismo contexto, múltiples Estados optan por construir una política criminal con contenido represivo. No obstante, esto dispone una visión mayormente moralista, donde, se deja en un segundo plano la seguridad de los ciudadanos y la garantía de sus derechos, y se pospone la aplicación de soluciones pertinentes a los problemas sociales que subyacen en la raíz de la conducta desviada.

Por ejemplo, el crecimiento acelerado del narcotráfico, el endurecimiento irracional de las penas, el deficiente y desbalanceado abordaje de las sanciones, y la irregularidad de los sistemas políticos y penales; son solo algunas de las evidencias de la ineficaz respuesta de los modelos represivos en la política criminal.

Por tanto, gran parte de la responsabilidad es destinada a herramientas coercitivas del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal; cuyas políticas penales son insuficientes y limitan la función judicial de un Estado. 

De tal manera que, es deseable enfatizar en mecanismos de diferente naturaleza que comprendan mayor integralidad, y que, a su vez, basen sus preceptos en el respeto de los derechos fundamentales de todo individuo, y promuevan la regeneración del Derecho Penal; que, hace pocos años se derrumbó en demasía.

Desde su creación, se han formulado diversas teorías de abordaje del castigo, de tal manera que, en la actualidad, muchas de ellas se encuentran aún inmersas en la política criminal de muchos países. Por ejemplo, la teoría dialéctica, la cual defiende que el castigo es inseparable de la dignidad humana.

Aunque, a pesar de existir variadas corrientes de planificación y ejecución en la política criminal, es de suma importancia considerar múltiples principios legales, como: el principio de legalidad, el principio de agresión, el principio de culpabilidad, el principio de agresión, el principio de verdad y el principio de proporcionalidad, para así, mitigar impactos negativos e irreparables de la criminalidad en las naciones.

Muchas de las evidentes fallas que experimentan los Sistemas Penales y la Política Criminal han inclinado sus estrategias de gestión hacia la ley penal del enemigo, donde, se promueven modelos únicamente preventivos. En este sentido, se abordan tanto delitos graves como otros de menor impacto desde un interés integral, que comprenden las diversas condiciones modernas que la seguridad social amerita. Ejemplos claros de delitos que este modelo de abordaje comprende, son: los delitos en el campo de la salud, delitos que perjudican la sociedad y su economía, y delitos cometidos dentro de alguna función laboral.

Empero, la Política Criminal es un fenómeno tan complejo y diverso, que, se concreta como una decisión, en la cual se configura el mismo como un proceso permeable y dinámico, inmerso en las tácticas, contradicciones y estrategias del poder (Sibaja, I., 2018, pp. 143).

Así, dependiendo de cada Estado y sus intereses, el apartado de la Política Criminal podrá variar. En Costa Rica, sus límites aún son algo difusos, por lo tanto, su discusión no es tan clara y su integralidad es algo deficiente. Por consiguiente, el país presenta elevadas tasas de criminalidad, que, desafortunadamente, incrementan anualmente.

Bien es sabido que la criminalidad es de los principales problemas sociales de los Estados modernos, no obstante, la inseguridad social es aún más relevante. Actualmente, el uso desmedido del instrumental punitivo, la poca transparencia en la gestión de los gobiernos locales, el aumento de la delincuencia, el hacinamiento carcelario y la importante influencia de los medios de comunicación, son solo algunas de las variables que han colaborado con el incremento de la inseguridad ciudadana. De tal modo que, el escaso conocimiento de la materia y el poco interés gubernamental, han imposibilitado la mitigación de sus daños en la sociedad.

Entre las principales consecuencias se destaca el sentimiento de frustración, pánico, temor e impotencia, y a su misma vez, la sensación de vulnerabilidad y alerta ante estímulos sociales; afectando principalmente a poblaciones vulnerables, como: mujeres, niños y niñas, y personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. 

Desafortunadamente, la deficiente atención que han prestado los gobiernos a esta problemática social ha incentivado el aumento de la desconfianza hacia múltiples líderes políticos, por ello, la inseguridad social ha representado un tedioso ciclo sin resolver, que, de manera inevitable a sido heredada a próximas generaciones.

Claro está, que, como muchas otras disciplinas, la Política Criminal continúa presentando diversas inconsistencias; por su amplia interdisciplinariedad y sus variados modelos de abordaje. No obstante, es vital destacar la gran visión de su creación. Ya que, esta fue implementada con el objetivo de definir la cuestión criminal dentro de la estructura social, y dirigir y organizar el conjunto de sus métodos como respuesta al fenómeno delictivo; todo esto mediante mecanismos de criminalización y descriminalización (Acevedo, M., 2014, pp. 41).

Y a pesar de esta ser inconsistente en su mayoría de ocasiones, la función de los sistemas represivos y preventivos han legado importantes valores al Derecho Penal, al Derecho Procesal Penal, a la Política Criminal y a la Criminología. 

El acto penal, bien es sabido que, engendra responsabilidad civil por su complejidad de actos consecuentes. De esta manera, es primordial comprender a nivel nacional el término de “daño social”, para así, posteriormente, efectuar análisis sociales concretos y pertinentes que indaguen en el origen que determina su prolongación. 

Ahora, en un ámbito internacional, es aún más complejo por su ampliación epistemológica. Esta comprende a la Política Criminal como una acción u omisión de los poderes públicos de un Estado; irrespetando toda autoridad y ente regulador que intente reprimir o prevenir el delito.

Por ello, se plantea la relevancia de conocer y analizar las diferentes dimensiones sociopolíticas que caracterizan la figura del daño social y la Política Criminal en Costa Rica y Latinoamérica, y así, abordar sus múltiples inconsistencias desde planteamientos integrales que promuevan modelos preventivos y resocializadores con alta efectividad. 

En Costa Rica, y la mayoría de países de Latinoamérica, existe la necesidad de atender prioritariamente este aspecto, desde perspectivas amplias y anuentes que incorporen hechos punibles y no punibles, que, independientemente de su materia afecte a un grupo social y manifieste un debilitamiento a los sistemas estatales; esto, siempre y cuando se fundamenten en la Constitución Política y se validen a través de la teoría de daños.

El desafío actual es, comprender las dinámicas individuales y colectivas socio históricas que se exponen detrás de este fenómeno. Y, esto, puede ser posible con la ayuda de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo; siempre que, se afiancen los derechos fundamentales de los individuos, y que, entre ellos, posean un fuerte vínculo interdisciplinario apoyado en el resurgimiento de la Política Criminal, como principio de mayor fuerza e interés.

Referencias bibliográficas:

Acevedo, M. (2014). La política criminal contemporánea y la práctica penitenciara costarricense. Revistas UCR (1): (39-51). Recuperado de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/13365/12632 

Merino, J. (2018). Tendencias de la política criminal contemporánea. Tlaxcala, México: Universidad Autónoma de Tlaxcala. Recuperado de https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788491234944.pdf 

Sibaja, I. (2018). La política criminal y el daño social en Costa Rica. Revista de Ciencias Sociales (161): 141-151. Recuperado de https://revistacienciassociales.ucr.ac.cr/images/revistas/RCS161/09-SIBAJA.pdf